POLITICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL. PARTE 2

Equipo MCD.  Enero 2024.

 

El Movimiento de Centro Democrático, ha señalado la importancia de que los partidos políticos dispongan de un Programa de Gobierno actualizable anualmente. En ese espíritu, comenzaremos por el tema del Desarrollo integral, cuyos principales rasgos diagnósticos fueron publicados en nuestra página web en noviembre 2023 bajo el título “HACIA UN DIAGNÓSTICO COMO BASE DE UN PROGRAMA DE GOBIERNO”.  En lo que respecta al área del desarrollo integral, en la Parte 1 se especifican las principales iniciativas programáticas en el eje del empleo y el crecimiento económico. Corresponde ahora en la Parte 2, la presentación de las propuestas de lo que podemos denominar desarrollo social y sustentable. Se divide en siete áreas:

1.- Vivienda, urbanismo y descentralización demográfica:

Los problemas de vivienda, urbanismo a nivel nacional y el centralismo demográfico de la Región Metropolitana, no presentan un alto nivel de preocupación por parte de la opinión pública. Sin embargo, desde la perspectiva del bien común y de una visión de desarrollo integral, creemos que el Partido de Centro Democrático debe incorporar esta temática en su programa de gobierno. En este sentido, comenzamos por exponemos puntos diagnósticos en estas áreas del desarrollo:

a.- Hacinamiento barrial: Hay muchas poblaciones, en parte provenientes de tomas de terreno hace varios decenios, que tienen normalmente 1 o 2 pisos, de muy poco patio, con calles o pasajes estrechísimos, lo cual impide el estacionamiento de los automóviles dentro del domicilio, dejando muy poco espacio a la circulación de los mismos.

b.- Pocos incentivos y apoyos a la clase media para la compra o arriendo de una vivienda.  La subvención del Estado que alguna vez significó un porcentaje significativo del valor de la vivienda, hoy ha pasado a ser sólo una pequeña proporción. No hay incentivo a las personas que pagan los préstamos oportunamente.

c.- El gigantismo demográfico capitalino: La Región Metropolitana de Santiago concentra casi el 42% de la población nacional, cuestión que muy pocos países del mundo soportan. Esta concentración poblacional provoca grandes desventajas en la mirada de un desarrollo integral.

Consecuente con tal diagnóstico, proponemos las siguientes políticas públicas:

  • 1.- Aprovechar y expandir al máximo el programa del MINVU “Pequeños Condominios”, mejorando coberturas, rebajando o flexibilizando requisitos, publicitando focalizadamente sus ventajas, entre otras iniciativas. Este programa hunde sus raíces en algunos pilotos de la década pasada creándose el programa “Aquí me quedo”, que se sustenta en lo siguiente: “proyectos de micro-radicación; es decir, no erradicar a las personas sino radicarlas donde ellas viven y micro porque opera a la escala del lote. La idea es hacer lo que las personas han hecho de facto, pero de manera profesional y técnicamente factible para dignificar la vida de estas personas donde ya viven. Además, permite que no sean expulsadas a la periferia, sino que permanezcan en sus barrios, pero de manera más adecuada… las familias desean quedarse cerca de sus redes y hasta ahora la política habitacional no había ofrecido una alternativa concreta para permanecer en sus lugares de origen, siendo una problemática no sólo de Santiago sino en todo Chile”.

 

  • 2.- Crear un solo mecanismo de postulación a subsidio habitacional, con una escala descendente de ayuda en relación al valor de la vivienda. Minimizar los requisitos, pero otorgando puntajes según situación familiar o personal, ahorro previo, zonas de polo de atracción poblacional 

 

  • 3.- Modificar la legislación sobre construcción de viviendas en sectores rurales, que permita para predios sobre 5 hectáreas por ejemplo y respetando una baja densidad, la construcción de edificaciones de departamentos, de hasta tres pisos, orientados a la demanda por una segunda vivienda o por una vivienda definitiva cercana a la ciudad donde trabaja o para jubilados que desean un entorno natural. Esta medida le quita presión a la alternativa de las parcelas de agrado de 5.000 m2. Sería positivo disponer de elementos de legislación comparada al respecto, especialmente la que rige en países europeos.

 

  • 4.- Incentivar el pago oportuno de los préstamos hipotecarios para primera vivienda, otorgando un bono del 100% de un dividendo, por cada 5 años de pagos sin morosidad. El porcentaje de disminución del dividendo sería de un 1,66%.  El préstamo hipotecario podría tener un techo de 4000 UF para acceder al beneficio. El costo anual para el Fisco se estima en unos US$320.000.000.

 

  • 5.- Estudiar y promover desde el Estado, en su rol de ente regulador del territorio, la creación de polos de atracción poblacional, ofreciendo incentivos tributarios, subsidios a la demanda por vivienda, obras públicas localizadas en territorios específicos, traslado de Administración pública desde Santiago, entre otras medidas. En principio, se podrían considerar dos territorios: El primero, en la Región del Maule, particularmente en el sector de Talca-Linares, que corresponde a un sector intermedio entre el ”Gran Santiago” y el “Gran Concepción” y el segundo en el territorio costero al sur de Arica y al Norte de Antofagasta, siendo la idea convertirla en la “Miami Sudamericana”. 

Sobre esta última iniciativa el Movimiento de Centro Democrático espera realizar uno o más Seminarios para estudiar los desafíos de este tipo de políticas públicas, con especial énfasis en la relevancia de la sociedad civil en este tipo de procesos descentralizadores.

2.-Previsión

Se espera que durante el actual gobierno de G. Boric, se implementen algunas reformas orientadas a incrementar el aporte a las cuentas individuales, desde el 10% al 16%, se amplíe o diversifique el número de empresas de inversión de los fondos individuales y eventualmente se incremente el monto de la Pensión Garantizada Mínima a jubilados de menores ingresos y desmejorada situación patrimonial.

 

En este contexto, y sujeto a lo que dicte la realidad de las reformas en curso, las propuestas preliminares son las siguientes:

Las dos primeras propuestas se orientan a mejorar las futuras pensiones de los actuales trabajadores:

  1. Aumentar el aporte obligatorio a las cuentas de capitalización individual, en orden correlativo a la edad (Por ejemplo, Entre 35 a 39 años, 17%; 40 a 44, 18%; 45 a 49: 19% 50 o más años, 20%)
  2. A todos los ciudadanos chilenos desde los 18 años y una vez que comience a cotizar, el Estado abonará en su cuenta de capitalización individual un porcentaje descendiente hasta los 40 años, con un tope máximo de abono de 1,5 UF por ejemplo.

En la siguiente tabla se ejemplifica el aporte estatal:

Edad cotizantes Porcentaje de aporte estatal
18 a 20 años 30%
21 a 23 años 27%
24 a 26 años 24%
27 a 29 años 21%
30 a 32 años 18%
33 a 34 años 15%
35 a 36 años 11%
37 a 38 años 7%
39 a 40 años 2%

 

El costo estimado de esta iniciativa en régimen, alcanza a US$565.000.000

 

Las últimas tres propuestas, se orientan a aspectos diversos para mejorar la situación actual de nuestros abuelos y abuelas:

 

La tercera propuesta está orientada al propósito de que el fondo individual pueda servir para enfrentar situaciones extremas del cotizante. Se permitirá por una única vez, el retiro de hasta el 15% del monto del fondo individual.

 

La cuarta propuesta, se relaciona con el reajuste anual de las pensiones. La idea es que se favorezca al jubilado, con un artículo en la ley de presupuesto del siguiente tenor “El reajuste de las pensiones corresponderá al mayor valor de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor o del Índice de Remuneraciones”.

 

Finalmente, una quinta propuesta es un tema transversal, que se relaciona con la vivienda y regionalización ya que consiste en crear un subsidio especial para personas pensionadas de 70 años y más que no tengan casa propia y que se entrega a cada persona para que pueda ser usada solamente en zonas de desarrollo urbano, como el futuro conurbano del norte (entre Arica y Antofagasta) y el del Maule. Sería un monto mensual expresada en UF reajustables anualmente.

3.-Equidad

Tenemos un país con alta desigualdad de ingresos y lo más importante una percepción ciudadana de inequidad en los resultados materiales del esfuerzo laboral. Junto a aquello, el imperio del principio “un trabajador, un salario” 

Hay muchas formas en que se manifiesta la desigualdad y maneras de agruparlas. Una de las más comunes es referirse a las desigualdades de oportunidades y de resultados. En el primer grupo están las diferencias en niveles de aprendizaje o escolaridad, en la situación nutricional y desarrollo psicomotor en la infancia, y en general aquellas variables que diferencian en edades tempranas aspectos fundamentales del desarrollo presente y futuro de las personas. Por otro lado, las desigualdades de resultado se refieren fundamentalmente a aquellas provenientes de los ingresos monetarios, muy ligadas a acceso a bienes de consumo y también al patrimonio de las personas.

Hay varios grupos de personas que no están en condiciones -parcial o totalmente – de generar ingresos propios, es decir, están fuera del mercado laboral. Embarazadas, Discapacitados/as, ancianos, niños/as. Particular atención se debe prestar al caso de los niños. La sociedad ha entendido que es un tema de cada familia que debe arreglárselas como pueda con la intransferible e importantísima tarea de criar, cuidar y educar a sus hijos. Es el imperio del principio “un trabajador, un salario”.

Así pues, los niños están sometidos a una discriminación que se expresa según la CASEN 2017 en que había 160.182 NNA en situación de indigencia, versus 35.091 de personas de 60 años y más. En porcentajes, el año 2017, el 3,86% de los NNA es calificado de indigente, versus sólo el 1% de las personas de 60 años y más. 

En este contexto, debe entenderse la propuesta para el desafío de mejorar la igualdad de ingresos: Incrementar en un plazo a determinar, el Aporte Familiar Permanente (ex “Bono Marzo”), tanto en términos de cobertura como de frecuencia, manteniendo el carácter de subsidio entregado por el Estado. En términos de cobertura, debe abarcar a la clase media, es decir, hacerlo prácticamente universal. 

Se debe fundamentar doctrinariamente esta propuesta. Efectivamente no se basa en el principio liberal de “1 trabajador, 1 salario”, sino más bien en la idea de “1 familia, 1 salario”.  Es pues, un ajuste al “modelo”, no tiene ningún fundamento populista ni puede considerarse un “regalo”. Es la justa retribución de la sociedad por el esfuerzo económico de las familias para criar y formar un ciudadano. Se encuentra en línea con el derecho de los niños y niñas a vivir en una familia.

Costo: El subsidio representa un costo de unos 250 millones de dólares con 1 aporte mensual al año. Para un periodo presidencial de 4 años, sería factible alcanzar hasta 3 aportes mensuales por lo que el costo adicional de esta iniciativa alcanzará a unos 500 millones de dólares.

Evidentemente, que para los otros aspectos de la desigualdad-inequidad, hay otras iniciativas que se plantean en este mismo documento, entre otras; Incremento de las pensiones; Un profundo mejoramiento de la calidad de procesos y resultados de la educación pública, (igualdad de oportunidades); Erradicación de barrios del alto hacinamiento (igualdad de patrimonio), solo por mencionar otras políticas públicas de impacto en el mediano y largo plazo. Sin embargo, debemos reiterar que el tema de la desigualdad debe enfrentarse con urgencia máxima, “aquí y ahora”.

 

  1. Salud

Dos problemas centrales debieran priorizarse: Las listas de espera y el sedentarismo.

Sobre las listas de espera, el tema queda pendiente, pues es aquí vital el diagnóstico preciso, con evidencia segura y con propuestas técnica y financieramente fundamentadas. El MCD tendrá entonces como una de sus prioridades de futuro, profundizar en este tema.

Por el lado del sedentarismo, debemos hacer notar que la gran pandemia que recorre a los países de medianos y altos ingresos es el sedentarismo urbano y sus secuelas en el deterioro de la salud integral de la población. En el caso de los niñez, adolescencia y juventud en Chile, resulta penoso constatar el nivel de fracaso de políticas públicas en la reducción de la obesidad y sobrepeso, en donde metas que apenas se proponían reducir la evolución negativa de tales indicadores, resultaron en que la evolución negativa se aceleró. En las comparaciones internacionales, Chile ocupa las peores posiciones en obesidad y sobrepeso

 

Los resultados de las encuestas sobre uso del tiempo libre también señalan un deterioro o mantención de bajos niveles de actividad física, contra todos los estándares internacionales al respecto. 

 

Por otro lado, los propósitos de los gobiernos por mejorar la salud integral, se ven tensionados por la persistente cultura de los equipos de salud que perciben al ciudadano como “paciente” que necesita curación: ¿Cuántos parlamentarios, ministros, candidatos presidenciales y presidentes han señalado una y mil veces lo importante de la prevención para la salud humana, pero a la hora de las decisiones sobre políticas públicas, se discute con todo detalle cuántas camas se van a habilitar, cuáles hospitales se van a construir, cuánto personal médico se contratará?  Para hacer políticas públicas efectivas preventivas, siempre hay suficientes razones y circunstancias para sustentar la doctrina de que el Ministerio de Salud debe seguir siendo – en lo fundamental – el Ministerio de la enfermedad. 

 

Por tanto, la pregunta que surge es la siguiente. ¿Tiene sentido seguir desarrollando las mismas estrategias y soluciones que han demostrado su inutilidad?  Es obvio que se necesitan nuevas respuestas, nuevas estrategias. En este plano se inserta la idea central en este tema: Circunscribir la estrategia preventiva a los grupos más permeables a los cambios conductuales y actitudinales, cual es la infancia, la adolescencia y la juventud, asumiendo que el cambio en las pautas culturales del uso del tiempo libre, de la actividad física voluntaria, de la alimentación saludable, entre otras, solo se podrán cambiar en el largo plazo, siendo el agente principal de cambio los grupos de menor edad.

 

Evidentemente, es necesario para idear, planificar e implementar políticas públicas efectivas, una recomposición de la acción estatal.  Es fácil decir que al menos los Ministerios de Salud, Educación y Deportes debieran coordinarse para enfrentar estas pandemias socio-médicas. Lo difícil es poner en práctica formas factibles, controlables y respaldadas políticamente. 

 

Sólo para dar algunas ideas de nuevas acciones en este ámbito, proponemos las cuatro siguientes:

 

  • Crear o incrementar sustancialmente un programa de “Control del adolescente y joven sano” (hasta 25 años, por ejemplo), siendo el incentivo un sistema de puntos canjeables por elementos deportivos: zapatillas, mochila de paseo, bicicletas, etc.
  • Promover senderismo pedagógico, en jardines infantiles, colegios, centros de formación superior. Podría tomar forma a través de concursos públicos por un subsidio para costear gastos de traslado, guías.
  • Promover caminatas y bicicletadas de intercambio entre unidades vecinales de distintas comunas o sectores, en los cuales se espera una activa participación juvenil tanto en su organización como en su despliegue.
  • Aumentar significativamente las clases de educación física y deporte. 

 

5.- Desarrollo sustentable

Hoy día prácticamente existe unanimidad en todos los actores sociales acerca de la necesaria consideración de los aspectos medioambientales en el desarrollo integral de un país, que se concreta entre otros aspectos, en los estudios medioambientales para autorizar proyectos de inversión. Sin embargo, todo indica que en muchos casos, estos son una traba que desincentiva la inversión, a través de diversos mecanismos: Permisos o certificados que no se emiten oportunamente; Ingerencia política excesiva y a destiempo; 

Por otro lado, debemos considerar que las principales tragedias medioambientales son la megasequía, las inundaciones por efectos del alza de la cota cero grados y los incendios forestales, estando a la base los negativos efectos del cambio climático. Es por eso que el Estado debe priorizar políticas públicas que contemplen la prevención y control de tales efectos. En este sentido debemos remitirnos a lo señalado en la Parte 1, particularmente en el proyecto denominado “Regadío”, que precisamente además del objetivo principal de aumentar las tierras de regadío, puede – según el modelo a adoptar – mitigar alguna o todas las tragedias medioambientales señaladas.

Por otro lado, debe considerarse que las evaluaciones ambientales deben tomarse como un importante insumo a la hora de autorizar inversiones, pero nunca como una potestad para determinar si una inversión se hace o no. Esta última debe radicar en una instancia política superior.

 

6.- Educación

En esta área del desarrollo hay dos puntos centrales que se deben atacar: 1, el tema de la desigualdad de aprendizajes, según el nivel socioeconómico del estudiante y 2, el tema de objetivos transversales que apunten a enfrentar los graves rasgos culturales que se expusieron en el documento sobre diagnóstico para un programa de gobierno. Sobre este último punto nos referiremos en el documento sobre propuestas programáticas en el área de “Cultura”

En relación al tema de la mejora en aprendizajes, creemos que lo central es fomentar en todos los establecimientos educacionales el concepto de comunidad educativa de excelencia que debiera caracterizarse por lo menos por los siguientes rasgos:

  1. Liderazgo con capacidad para planificar y gestionar una comunidad laboral educativa, en que se incentive el diálogo creativo, se fomenten las innovaciones curriculares.
  2. Hacer realidad el concepto de que la escuela está al servicio de las familias, que son las responsables primarias de la socialización y el aprendizaje.
  3. Considerar el hecho de que nos encontramos en la era digital, por lo que las herramientas pedagógicas deben estar acorde a esta realidad.
  4. Promover la aplicación de metodologías de educación grupal, formativas y dialogantes.

 

Por otro lado, desde el Ministerio de Educación, se debe promover una asesoría integral a las comunidades educativas, reemplazando la prioridad del eje de fiscalización y control.

 

7.- Protección infantil:

Desde la actual Subsecretaría de niñez y adolescencia se propone ampliar el despliegue del programa “Chile Crece Contigo”, expandiendo y potenciando aquellas iniciativas que hayan sido bien evaluadas y mejorando aquellas en que los resultados sean deficientes. Reiteramos aquí el principio de que no hay mejor inversión del Estado, que ayudar a las familias a ser una potente comunidad de cuidado, protección y crianza. 

En lo que respecta a las tareas del Servicio Mejor Niñez, encargado de la atención de niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos para, sostenemos que existe un amplio potencial para la mejora en prevención, en la reparación de derechos, especialmente en niños y niñas que sufren de maltrato y separación de sus familias. Estimamos que existen muchas formas de mejorar su gestión y enfrentar desafíos como: Las listas de espera para atención, que es una herida lacerante en nuestra sociedad que no debe ni puede mantenerse; La debilidad de los procesos licitatorios de programas de atención y el “olvido” de niños y niñas en residencias y sistemas de cuidado alternativo.

Debe señalarse que el principal peso en la atención se lo llevan los Organismos Colaboradores Acreditados (OCA), estando su personal, remunerado muy por debajo del que trabaja en cargos similares de proyectos administrados por el Estado, pues tales Organismos están sometidas a un sistema de reajustabilidad de las subvenciones, injusto y niveles de exigencia técnica incompatibles con los recursos asignados. 

Dado lo anterior, se proponen tres medidas:

1.- Aumentar la cobertura de atención en programas con mayor demanda de tal manera de reducir totalmente las listas de espera.

2.- Mejorar los procesos licitatorios de proyectos de atención, ponderando de manera importante la buena experiencia previa y aumentando los aportes de la subvención, acorde a las exigencias técnicas.

3.- Crear una Unidad independiente a nivel de la Dirección Nacional, encargada de monitorear la estadía de lo niños y niñas en sistemas de cuidados alternativos (sistemas que implican la separación temporal de su familia de origen), de tal manera de agilizar y tecnificar las decisiones sobre sus alternativas de egreso, privilegiando su interés superior.

 

1. https://fau.ucn hile.cl/noticias/166649/pequenos-condominios-la-gran-solucion-para-el-allegamiento 
2. Fuente Encuesta de hogares 2021: 15,9% de hogares con préstamo hipotecario para vivienda principal, por un monto de $33.659.076. Se descuenta de los beneficiario un 50%, por morosidad y préstamos sobre las 4000 UF. Valor del dólar: 800 pesos por dólar.
3. De la encíclica de Juan XXIII “Mater et Magistra”, citamos “Es asimismo de suma importancia doctrinal y
práctica la afirmación de Pío XI de que el trabajo no se puede valorar justamente ni retribuir con equidad si no se tiene en cuanta su doble naturaleza, social e individual. Por consiguiente, al determinar la remuneración del trabajo, la justicia exige que se consideren las necesidades de los propios trabajadores y de sus respectivas familias, pero también la situación real de la empresa en que trabajan y las exigencias del bien común económico”.
4. En el preámbulo de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, se reconoce “a la familia como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros”

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