Equipo MCD. Febrero 2024
En el diagnóstico del MCD sobre la realidad chilena, advertíamos que había cuatro áreas críticas que el sistema político debía hacerse cargo: Desarrollo, Seguridad, Cultura y Democracia. Es sobre este último tema que queremos en este trabajo, bosquejar las principales propuestas que servirán de base y fundamento de un programa de gobierno que le corresponderá presentar al Partido de centro democrático a la ciudadanía en un próximo futuro.
Nuestro diagnóstico se puede dividir en tres áreas: Partidos políticos y Parlamento; Mecanismos de control y Eficacia del poder ejecutivo. A continuación, una apretada síntesis de estos temas, para enmarcar las propuestas.
Es evidente que instituciones como el parlamento y los partidos políticos están de manera sostenida en la escala más baja de la legitimidad ciudadana, junto con un poder creciente y omnímodo en amplias esferas sociales. Se habla de la “partitocracia”, o de la tiranía de los partidos políticos, que conforman una elite corrupta, inútil, aislada de la realidad, enfrascada en temas insignificantes, que se auto- protege, se apacienta sí misma. Es decir, utilizan el poder del que son investidos por la ciudadanía para servirse y no para servir.
Sin embargo, sabemos que el sistema político ni los partidos políticos pueden desaparecer, “que son la estructura central intermedia e intermediaria entre la sociedad y el Estado”. (G. Sartori, 1980)
Desde cierta perspectiva sociológica, lo que se puede concluir es que los partidos políticos en cuanto estructura social, presentan un profundo balance o saldo funcional negativo, que pone en tensión la existencia misma de la estructura política, de la democracia, no solo aspectos parciales o superficiales.
Lo que uno ve y escucha como solución al problema de los malos políticos, o de la “partitocracia” es normalmente un llamado a que sean más comprometidos, honestos, que se auto regulen, que por favor se acuerden de la gente, y en general, llamados a que se comporten con una ética superior. Además, los analistas especializados y aún más los “expertos” y consejeros convencionales enfatizaron una y otra vez que el mal funcionamiento de la democracia se explicaba fundamentalmente por la alta fragmentación, es decir por la existencia de múltiples partidos políticos, que le restaba gobernabilidad al sistema político. A nuestro juicio, tales soluciones, estando bien inspiradas no alcanzan, no son suficientes ni decisivas. ¿Cómo explicar el surgimiento del “chavismo” si solo había dos partidos políticos dominantes?
Es legítimo preguntarnos entonces ¿No será que se le han dado demasiadas atribuciones y poder a los partidos políticos, generando esta “partitocracia”? o dictadura de los partidos, y más aún, ¿Es compatible la democracia con la existencia de partidos políticos con menos poder y facultades?
Como segundo punto diagnóstico, llama la atención la tremenda falla en organismos estatales (Contraloría, Superintendencias, SII, Cámara de Diputados, Fiscalía) destinados a la detección de situaciones ilegales o irregulares. Como contrapartida, se debe destacar el surgimiento de entidades de la sociedad civil que aportan aires refrescantes en esta materia: Periodismo de investigación, Agrupaciones de defensoría de ciudadanos.
Un tercer rasgo del sistema político que estimamos debe destacarse, es la inmensa burocracia gubernamental en torno a la Presidencia. La elite política no encuentra nada mejor que “solucionar” los problemas y desafíos frente a las demandas ciudadanas por temas específicos, que crear un Ministerio. Es tal la cantidad de Ministerios, que en la práctica hay ministros de primera y segunda categoría. Los primeros son los que conforman el llamado “comité político”.
Ante la situación anterior descrita muy sucintamente, proponemos un conjunto acotado de medidas, organizadas en tres grandes estrategias:
Estrategia 1: Disminuir el poder de los Partidos Políticos.
Estrategia 2: Aumentar el poder fiscalizador de la sociedad civil sobre el sistema político.
Estrategia 3: Reorganización del Ejecutivo.
A continuación presentamos las propuestas así organizadas:
- Disminuyendo el poder de los partidos políticos
La primera propuesta dice relación con el cambio en la conformación del Parlamento:
La propuesta se resume en que el Nuevo Parlamento sea conformado mayoritariamente (por ejemplo, 75%) por la vía del azar, sujeto a algunas barreras de entrada como interés, escolaridad, conocimientos del funcionamiento del Estado y eventualmente la edad. Los Partidos Políticos tendrán en el Parlamento una cuota minoritaria, siguiendo con la clásica competencia por elección popular.
El mecanismo de selección al azar o por “tómbola” es hoy técnicamente factible y sigue la misma lógica de la conocida selección de “jurados” en los Tribunales de Estados Unidos y de varios países europeos. A su vez, para tal mecanismo de selección al azar, existen dos posibilidades: La primera, que cualquier ciudadano sobre los 18 años pueda postularse e inscribirse en un registro ad-hoc, bastando sólo su interés, siendo la selección al azar sólo de aquellos inscritos. La debilidad de este mecanismo es evidente, los partidos políticos o cualquier grupo organizado, podrían promover entre sus afiliados la inscripción, y por tanto estaría tal grupo sobre-representado en el universo a seleccionar y además tendrían los potenciales parlamentarios un vínculo de dependencia con el partido que lo ha propuesto.
La segunda posibilidad, consiste en seleccionar al azar, previo a los filtros de la escolaridad y la edad a una cantidad superior en digamos 2 a 5 veces la cantidad de parlamentarios, a los cuales se aplicaría un filtro de “interés”, es decir podrían declarar que no se sienten con vocación o capacidad o interés para este tipo de cargo y por tanto renunciar voluntariamente. La cantidad restante de potenciales parlamentarios, debieran participar en una asamblea tipo “cónclave”, orientado a que los seleccionados se desempeñen “como si” fueran parlamentarios, al final de lo cual, entre ellos mismos eligen la cantidad determinada de parlamentarios.
Es perfectamente legítimo discutir el tema de las barreras de entrada al proceso de selección inicial. Por ejemplo, escolaridad y edad. La edad, presupone recorrido y experiencia de vida, de fracasos y éxitos, que son esenciales a la hora de legislar con sensatez. Pero una edad extremadamente alta también puede significar dificultades potenciales para desarrollar esta delicada labor. Podrían establecerse edad mínima y máxima. Con respecto a la escolaridad, creemos que habría amplio consenso en requerir 4° medio aprobado. Quedan otros temas por resolver como la duración en el cargo, la posibilidad de reelección, la renovación del parlamento (total o por parcialidades), el nivel de salarios, estatus de capacitación previa.
Sobre el fundamento de este tipo de selección de parlamentarios, se puede decir que es absolutamente democrático. Todos los ciudadanos que tengan motivación y que cumplan determinadas condiciones, tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Desde este punto de vista, es sencillamente un sistema democráticamente impecable y muy superior al actual, super mediatizado por los partidos políticos.
Con un 25% de parlamentarios elegidos por votación popular, obligará a los Partidos Políticos a seleccionar de manera prolija a sus representantes, y de forma natural se producirá el fin de la inmensa dispersión actual.
El otro argumento para sostener un Parlamento por azar, es que en realidad, en la elaboración de las leyes, es el poder ejecutivo el que actualmente realiza la principal tarea, lo cual debe fortalecerse. El parlamento está para debatir, de acuerdo al sentir popular, disponiendo la posibilidad de asesorías técnicas libres o pagadas, en este último caso, nunca asesorías particulares, sino grupales, es decir, acordada por ejemplo por una comisión. Pero también es posible crear nuevas instituciones como lo ha propuesto Terril Bouricius que -entre otros mecanismos -describe el funcionamiento “paneles de interés”, sin limitación de cantidad, con el objetivo de discutir y proponer legislación sobre temas concretos, integrado por 12 personas, sin salario, con duración y forma de trabajo acordada por los mismos panelistas. Es una especia de incubadora de leyes, que pasarían a ser presentadas al Parlamento y al Ejecutivo.
La segunda propuesta dice relación con la privatización de empresas estatales:
En promedio, en el quinquenio 2015-2019, 51.000 trabajadores laboraron en empresas administradas por el Estado, un 0,6% de la fuerza de trabajo del país. Se pueden distinguir tres subgrupos: Las tres dependientes de las Fuerzas armadas, dedicadas a temas de defensa, que tuvieron una plantilla de 4.392 trabajadores en el mencionado quinquenio; Ocho empresas de más de 800 trabajadores de diversos giros: Banco del Estado, Televisión Nacional, Correos, ENAP, ENAMI, CODELCO, EFE, y Metro, que en total dieron trabajo a 45.567 personas; Y el resto son empresa de menor tamaño, dando empleo a 1.215 trabajadores.
Las tres empresas de defensa, arrojaron en el periodo una utilidad promedio anual de US$6,9 millones. Entre las 8 empresas “civiles” destaca por su permanente nivel de utilidad, Banco del Estado.
Pero, debe entenderse y recalcarse que la privatización de empresas estatales tiene por motivo principal la disminución del poder e influencia de los partidos políticos. La discusión sobre la eficiencia de las empresas estatales puede ser infinita, pero en el contexto cultural e histórico latinoamericano y chileno parece que la balanza se inclina al lado de los que argumentan las ineficiencias, basadas principalmente en las dificultades de sus ejecutivos para liderarlas eficazmente, entre otras razones, por la falta de incentivos para obtener ganancias, las decisiones cortoplacistas, en vez de miradas de largo plazo; presiones para incorporar a camaradas y afines a los gobiernos de turno, y los infaltables y onerosos auto premios que los mismos ejecutivos se asignan, de entre otras.
El otro argumento, se sostiene en la supuesta necesidad del Estado por disponer de empresas calificables como estratégicas. Pero, fuera de las empresas de Defensa, francamente no hay ningún criterio para sostener que el cobre, el litio o el petróleo son más estratégicos que los alimentos, pero no por eso las empresas agrícolas o agropecuarias deben ser del Estado.
También se argumenta que una empresa estatal se justifica por un rol único e insustituible para la sociedad o que sea muy costoso o poco viable un sistema privado.
Por lo tanto, considerando los anteriores criterios, se propone que Televisión Nacional se traspase al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Se propone que Correos, ENAP, ENAMI, CODELCO y EFE pasen al sector privado, de manera gradual, que el proceso privatizador sea transparente, que impida la monopolización, que incentive la participación accionaria a los ciudadanos chilenos, entre otros elementos. El MCD se compromete a realizar seminarios y encuentros entre distintos actores que puedan aportar a la ejecución de un proceso privatizador exitoso. Por otro lado, los ingresos del Estado por la venta de estos activos, se destinarán a financiar el gran programa de obras públicas, junto a recursos para mejorar la seguridad interna y las ayudas en subsidios directos a personas fuera del mercado laboral. Asimismo, permitirán la rebaja gradual de impuestos a personas y empresas.
La tercera propuesta se refiere a la disminución de los impuestos:
La elite política, desde hace varias décadas, ha promovido y aprobado sucesivas reformas tributarias, en su gran mayoría para subir impuestos y poder anunciar a la ciudadanía que buenos, generosos y solidarios son. Pero lamentablemente, la gran parte del gasto fiscal proveniente de los impuestos se va en pagar a funcionarios públicos, siendo la gran mayoría competentes y honestos, pero el MCD propone priorizar ayudas directas a la población que queda temporal o permanentemente fuera del mercado laboral. Además, nuestra propuesta de reducción de impuestos se fundamenta en una visión de la sociedad en que el Estado se define fundamentalmente como dirigente, ni liberal, ni subsidiario, ni socialista, por lo que para dirigir bien, se necesita concentrarse en lo fundamental y no en lo que puede hacer mejor la sociedad civil.
En este contexto, la propuesta consiste en lograr una paulatina reducción de los impuestos principales: IVA y Empresas, en un plazo de 12 años, la idea es que ambos impuestos sean de un 15%.
La menor recaudación fiscal, debiera ser compensada por:
- los mayores niveles de crecimiento de la economía,
- los ahorros del gasto proveniente de la racionalización del gobierno central y de la disminución de las remuneraciones de altos ingresos,
- los ingresos provenientes de las privatizaciones parciales, y graduales de empresas del Estado.
La cuarta propuesta se refiere a la alta dirección pública
Se propone un cambio decisivo en relación al actual sistema de designación de postulantes a los cargos de “Alta Dirección Pública” por parte del Servicio Civil. La idea es limitar al máximo la potestad del Presidente de la República para la designación final de los elegidos para un cargo, quedando sujeto a un sistema al azar o por tómbola, dentro de los seleccionados finales, ya sea ternas o quinas. El Presidente podría conservar la potestad para designar a un pequeño porcentaje de cargos – digamos un 5 o 10 por ciento de los casos. Con esta simple medida, se espera tecnificar al máximo la administración de los servicios públicos.
Adicionalmente, se propone aumentar considerablemente la cantidad de cargos sujetos a tal procedimiento, desde los aproximadamente 400 actuales a por lo menos 1.000.
La quinta propuesta se refiere al monto de las remuneraciones de parlamentarios y los altos funcionarios públicos, comenzando por el Presidente de la República.
Siguiendo de cerca una investigación periodística del año 2014, podría fijarse la dieta como una proporción del promedio de ingreso de la población. El año 2014, los diputados ganan 11,8 veces más que el PIB per cápita, mientras que el promedio de países OCDE es de 2,78 veces. Al año 2018 el PIB per cápita ajustado por poder adquisitivo (PPA) en Chile llegó a US$ 25.667 (Estimación FMI), por lo que aplicando la proporción de 2,78 veces el percápita, se estima que la dieta de los diputados debe ser de $4.000.000 al mes. La dieta de senadores podría fijarse como proporción de la de diputados, por ejemplo, un 20% más, es decir $4.800.000. La reajustabilidad anual debiera ser la misma que la de los funcionarios públicos y la única asignación debiera ser la que se aplica a éstos, es decir, la asignación por zona. El ahorro anual es de al menos US$ 40.000.000.
Se debe esperar un chivateo generalizado de todos los sectores de “la clase política”. Hay que estar preparado para responder. Por ejemplo, van a decir que con esto no se elimina la pobreza, que atenta contra la dignidad del cargo, que los tiempos de los parlamentarios, y un largo etcétera, pero el señor Juan y la señora Juanita lo apreciarán.
El Servicio Civil, debiera elaborar una propuesta fundada en antecedentes empíricos, es decir, basado en la realidad de países democráticos de similar nivel de ingresos, que contenga dos alternativas, los que deberán ser sometidas a votación popular vinculante, voluntaria y digital. Esta propuesta se fundamenta en dos puntos principales: Desincentivar el interés por participar en el sistema político de aquellos ciudadanos con intereses diferentes al bien común y también desincentivar la separación de las autoridades del pueblo y sus vivencias, que tiende a crear una casta especial de ciudadanos.
La sexta propuesta, sobre las asignaciones especiales de los parlamentarios. Solo los comités parlamentarios podrán pagar asesorías, sujetas a un presupuesto aprobado previamente, con techo determinado. Se restringen al máximo el personal de apoyo y los demás pagos a servicios como transporte. La idea es que sean siempre “ciudadanos de a pie.”
Una séptima propuesta se refiere a dotar al parlamento de facultad exclusiva para designar consejeros o autoridades de los organismos autónomos como el Banco Central, Tribunal Constitucional, miembros de la Corte Suprema, Defensoría de la Niñez, Servicio Electoral, etc. Además de los directores de empresas estatales. El Servicio Civil, a través del sistema de Selección para la Alta Dirección Pública, sería el encargado de proponer a los oponentes.
El fundamento para lo anterior, además de disminuir el poder de los partidos políticos, es la simple observación de que solo algunos de estos organismos han cumplido a cabalidad su misión. El caso más claro es el del Banco Central. Sin embargo, debe hacerse notar que en tal caso el óptimo funcionamiento se debe sólo a una singularidad que podría ser efímera, me refiero a la extraordinaria capacidad técnica, independencia de juicio y sensatez política de sus integrantes, incluidos sus presidentes, a pesar de haber sido designados por cuoteo político. También podría incluirse en este grupo el SERVEL. Pero esto puede cambiar abruptamente, y peor aún, hay muy malos ejemplos en otros organismos autónomos, tanto en Chile como en países vecinos. El caso más vergonzoso, es la reunión en la cumbre en donde se acordó el ingreso del Fiscal Nacional -Abbott – a esta partitocracia oligárquica, a cambio de impunidad y protección a una clase política asediada por la corrupción.
- Aumentando el rol fiscalizador de la sociedad civil sobre el sistema político
La acción de una eficaz fiscalización de las acciones públicas, (entendida esta como estatal y corporativa privada) es vital para desincentivar la corrupción, entendida como obtención ilícita de beneficios. Ojalá el fiscalizador debiera tener entonces la máxima autonomía, flexibilidad, creatividad e incentivos para ejercer su función. Está claro hasta ahora que funcionarios del Estado fiscalizando acciones de otros funcionarios no da resultado.
En este sentido, la propuesta se basa en disponer los medios para que la sociedad civil organizada pueda hacer denuncias de actos corruptos ya sea de partidos políticos, de funcionarios del Estado, incluyendo Municipales, Poderes Públicos, entes autónomos, y de empresas del Estado, y además de corporaciones privadas con o sin fines de lucro, como sindicatos, empresas, corporaciones, fundaciones. Denominémosla esta propuesta como “ciudadano empoderado”
Un medio privilegiado sería la creación de agencias acreditadas de denuncia, en la línea de lo que realizan actuales agencias privadas como por ejemplo “Ciudadano Inteligente”, en su plataforma “Chileleaks. Org”. Se debe recalcar lo que se señala en la cita al pie de página: carencia de institucionalidad, de legislación.
Otra línea interesante para estimular a la sociedad civil en estas tareas, es lo relativo al periodismo de investigación, que representa muy bien CIPER. Con cinco CIPER está claro que la corrupción está en peligro.
Ciudadano empoderado es una propuesta que busca fundamentalmente la mayor legitimación del sistema político democrático, al atacar una debilidad que puede hacerla colapsar, pero también apunta a que la percepción de la justicia y la equidad, son un valor central en la sociedad y en particular, que las recompensas materiales por el trabajo sean obtenidas legítimamente.
Probablemente esta sea una propuesta que cause controversia, al menos en el mundo de la elite política y jurídica. Los más liberales pueden transformarse en “estatistas”, se dirá que no hay experiencia en Chile, que quién controla a los fiscalizadores. En este sentido, como MCD esperamos profundizar en esta novedosa estrategia de cambiar el eje de la fiscalización desde el Estado a la sociedad civil.
- Mejorando la eficacia del Ejecutivo.
Para racionalizar la organización del gobierno central, se proponen dos ideas centrales:
- Drástica disminución del número de los Ministerios. No más de 12 ministerios estimamos como número prudente para poder tener un gabinete en que todos los ministros estén a un mismo nivel y se asegure comunicación e intercambio fluido entre el gabinete y el Presidente.
- Proponemos también estudiar detalladamente una institución que ha tenido poco desarrollo, que podemos denominar como agencias presidenciales, que serían pequeñas células de hasta 20 funcionarios, encargados de desarrollar tareas específicas y que reportan directamente al Presidente de la República. En esa categoría entran agencias ya existente como el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) y nuevas como: Desarrollo Organizacional de dependencias estatales; Supervisión de proyectos estratégicos del programa de gobierno; Otras
- Inspirados en un mecanismo establecido en la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica y considerando el largo periodo entre la elección de un Presidente y la toma de poder efectivo (casi 3 meses), proponemos la creación de una institución temporal, una Oficina de ayuda a la siguiente presidencia, en que el Presidente electo pueda utilizar oficinas y recursos públicos para preparar las medidas administrativas y legislativas más urgentes.
Todas las propuestas señaladas en el ámbito de las tres estrategias, tienen como propósito contener y con optimismo, eliminar o abolir prácticas que corrompen el sistema político democrático, y a la vez, mejorar su eficacia.
Evidentemente hay muchos puntos discutibles, hay que resolver innumerables temas que no se han discutido, o lo han sido de manera muy superficial. Pero, creo que es útil plantear propuestas audaces en temas tan importantes como el ejercicio del poder y la autoridad en la nación y que a su vez presenta una situación crítica de legitimidad.
Por lo demás, es parte de la naturaleza social del ser humano, la agrupación entre los que piensan similar, o tienen intereses o motivaciones compatibles o complementarias. Las facciones o los partidos (y las camarillas, las sensibilidades dentro de los mismos partidos) hasta ahora han sido las respuestas que se ha dado la humanidad. Nuestra propuesta no puede eliminar estas tendencias, sólo pretenden encauzarla de manera que sean más útiles a la vida en comunidad.
La naturaleza humana nos inclina inevitablemente a no hacer siempre lo mejor. Debemos luchar por ser cada día mejor pero nunca tendremos estructuras (empezando por uno mismo) perfectas e inmutables. Nuestra propuesta no es una receta de ese estilo, sólo pretende instalar puntos de vista en la discusión y diálogo sobre cómo mejorar nuestra democracia.