Equipo MCD. Febrero 2024
En el documento “Diagnóstico para un Programa de Gobierno” se indicaba que la seguridad y el orden público es un punto central de las políticas públicas y es un tema que inexcusablemente el Estado debe dedicarse con la máxima eficacia y de manera prioritaria. Están en juego el derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad de circulación, a la protección de la familia. Los efectos de una delincuencia extendida, de anomia y desorden público, es también una grave amenaza a la economía: ahuyenta la inversión, dificulta el turismo, disminuye la oferta laboral.
En tal análisis se pasaba revista a la situación de las principales agencias e instituciones sociales que están involucradas en el corto y largo plazo en estos temas. La familia, La escuela, Los medios de comunicación, Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, Policías, Sistema judicial, Gendarmería, Municipios.
La línea central que el MCD propone a la ciudadanía, es la combinación de políticas de corto, mediano y largo plazo. Creemos que este es el enfoque que supera tanto el inmediatismo de la urgencia y el enfoque más estructural, que apunta a cambios en el contexto social.
Pero junto con lo anterior, lo importante a nuestro juicio son los principios y la doctrina que fundamenten las políticas públicas en este ámbito. Al efecto, proponemos cinco principios generales:
- Fortalecimiento de las Policías, con respaldo político, jurídico y financiero. La misión principal de Carabineros de Chile es la represión del delito.
- Diseñar y aplicar mejores herramientas jurídicas para someter a bandas y agrupaciones delictuales.
- Desincentivar la conducta delincuencial, incrementando penas, mejorar la eficacia policial y judicial para castigar a los culpables. En definitiva, el delincuente debe sentir terror de salir a la calle y debiera en algún momento preferir el trabajo honesto.
- El castigo al delincuente debe incluir el trabajo.
- En el mediano y largo plazo, prevenir el surgimiento y escalamiento de carreras delictuales.
Dado lo anteriormente expuesto, proponemos las siguientes iniciativas agrupadas en 8 puntos:
- Policía Municipal
Creación de una nueva institución policial: la “Policía Municipal” (POM), basada en la experiencia chilena reciente y en la necesidad de liberar a Carabineros de Chile, de tareas o funciones que los desenfocan de su misión principal. Entre sus principales áreas de trabajo que se visualizan para esta nueva Policía, se pueden señalar: Patrullaje preventivo del territorio comunal; Información a Carabineros de situaciones que lo ameriten; Control del tránsito (exceptuando carreteras interurbanas); Seguridad en eventos ciudadanos de alta convocatoria (exceptuando marchas y concentraciones políticas); Control y atención de accidentes de tránsito menores; Protección de bienes públicos; Notificaciones judiciales; Hacer cumplir reglas de buen comportamiento y delitos menores o “incivilidades” (por ejemplo ruidos molestos, comercio ambulante ilegal) y otras tareas que la policía considere prescindibles y que las desenfocan de su misión principal, la represión e investigación del delito.
Evidentemente que una reforma de este tipo requiere amplios consensos políticos y decenas de decisiones deberán tomarse. Por ejemplo, su ubicación en el entramado institucional. ¿Sería conveniente la dependencia técnica de la POM de Carabineros, en particular, en áreas como: Capacitación; Entrenamiento; Establecimiento de requisitos para ingreso; Supervisión técnica?
Con respecto a los mecanismos de financiamiento, el espectro va desde la no modificación del actual sistema de financiamiento municipal, hasta el establecimiento de un fondo especial concursable a cargo de la Subsecretaría de Prevención del delito. Con respecto a equipamiento y atribuciones ¿Porte de armas? ¿Control preventivo de identidad?, se deberá establecer después de un debate que incluya a los actuales cuerpos policiales. Con respecto a la gradualidad de la reforma, es aconsejable la extensión paulatina, desde las comunas más populosas urbanas, hacia las comunas de mayor ruralidad. Dada la complejidad del cambio, sería aconsejable su instalación inicial vía planes piloto en comunas seleccionadas.
Costos: Los principales ítems de gasto son personal, equipamiento, combustible y sistemas de comunicación. Sin embargo, sólo una vez despejados el tema de atribuciones y funciones se podrá estimar el gasto real. Dada la gradualidad de la propuesta, se podría estimar preliminarmente en US$ 90.000.000 anuales el gasto, pudiendo cubrir en 3 años a las 90 comunas de mayor población (con aproximadamente 50.000 o más habitantes).
Junto con acercar la labor policial al territorio, el propósito de esta reforma es mejorar la eficacia de Carabineros. Se deberá revisar la eficacia y eficiencia del plan cuadrante, sus recursos, su distribución territorial, uso de tecnología e inteligencia, entre otros factores.
Pero sobre todo, la policía uniformada de Carabineros, enfrenta una falta total de respaldo político. Sin ese respaldo la seguridad interior se viene abajo. Sin ese respaldo, es imposible que la policía utilice de manera razonable sus capacidades para reprimir eficazmente el delito.
- Inmigración irregular
La inmensa mayoría de inmigrantes sin duda alguna es gente honesta y trabajadora, que ha dado y seguirá aportando lo mejor de sí en nuestro territorio. El MCD estará atento al funcionamiento de la nueva legislación al respecto, pero desde ya comparte el principio es que no se permitirá la inmigración irregular. Se debieran identificar a los grupos que lucran con la gente y perseguirlos judicialmente.
- Infancia y adolescencia
En el diagnóstico, se anotaba que “una parte importante de los reos adultos en Gendarmería inició su carrera delictual a temprana edad y por cierto “pasaron” por el antiguo SENAME, hoy Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. (SNRSJ). En lo que respecta a las tareas y desafíos del SNRSJ, se deberán aplicar nuevas metodologías y modalidades de atención que busquen cortar las eventuales carreras delictivas y otorgar oportunidades de reinserción social que los responsabilice por su conducta en sociedad. Un ejemplo de programa posible de replicar, es el otorgamiento de un subsidio especial para la inserción laboral de jóvenes infractores en situación de penas cumplidas.
Se debe revisar la normativa que permite a las personas encarceladas de 18 años y más permanecer en cárceles destinadas a niños, niñas y adolescentes. Una alternativa a lo que establece la actual ley, es considerar que, si la condena a un menor de edad implica que más de la mitad del tiempo de esta la cumple en mayoría de edad, entonces, al cumplir 18 años, deberá completar la condena en cárceles de adulto.
- Una herida no sanada, la revuelta octubrista
El 18 de octubre de 2019, fueron incendiadas y destruidas las instalaciones de decenas de estaciones del Metro de Santiago, causando un daño material de magnitud similar al ataque sobre las Twin Towers. Evidentemente se trató de la ejecución de un plan concertado por algún colectivo antisistémico. La acción de Carabineros para reprimir este crimen fue escasa y la reacción del Estado y del sistema político fue mínima, tardía y encubridora de la violencia, bajo el paragua del “estallido social”. Asimismo, a la misma hora, en varias ciudades del país se replicaron este tipo de atentados, ampliándose a la destrucción de la propiedad pública, barricadas, incendios de iglesia y otros desmanes. Simultáneamente y durante varios meses, millones de rayados murales con mensajes sugestivamente idénticos: Muerte a la yuta, evade, ACAB, “pacos c…”, renuncia Piñera.
Quizás si un periodista o algún usuario de redes sociales comenzó caratulándolo de estallido social, pero luego, todo el mundo lo ha repetido hasta el día de hoy como mantra, como lo políticamente correcto siendo entonces el pretexto perfecto para cubrirlo con un manto de impunidad, y aún más de glorificación.
El costo de la devastación del metro y las demás ilegalidades lo pagaron los miles de habitantes de zonas populares y medias que quedaron sin poder utilizar por semanas y meses el medio de transporta más moderno de la ciudad. Lo pagaron los ciudadanos con los impuestos de cada día, para ser gastados en recuperar la infraestructura, lo pagaron y pagan decenas de emprendedores que vieron destruidos o paralizados sus negocios, lo pagaron y pagan los miles de trabajadores afectados por el cierre de empresas. Hasta aquí ningún costo para la clase política. El crimen fue contra el pueblo.
Pero los costos más caros son intangibles. La sensación ciudadana de indefensión frente a energúmenos y desconformados cerebrales que querían ver nuestras ciudades incendiadas por sus cuatro costados. La confusión entre uso legítimo de la fuerza por agentes del Estado con la violencia. La legitimación del odio y la violencia verbal y física como herramientas legítimas de la política. La paralización de inversiones. Pero, sobre todo, la impunidad de aquellos que sin ningún derecho, lideraron una matonesca y criminal conducta contra la propiedad pública y privada. Están dadas las condiciones para su eterna repetición. Los incendios de febrero del 2024 en Valparaíso-Viña podrían ser muy bien un ejemplo de lo anterior.
Está claro que la acción del Estado ha sido ineficaz, pues la impunidad de los autores y líderes intelectuales y los financistas de la operación, no solo no han sido castigados, tampoco han sido buscados, siguiendo la declaración a un periódico del Fiscal Nacional “ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial somos responsables del orden público, menos aún los llamados a resolver en sede penal una crisis que es política y social.”
El MCD propone que exista una política de Estado destinada a conocer la verdad sobre los culpables del estallido criminal y los someta a juicio.
- Gendarmería: Reos a trabajar
Se estudiará la forma en que todas las personas privadas de libertad, trabajen al menos 8 horas al día. Es inaceptable que la sociedad, a la que los delincuentes han herido profundamente, les financie, además del resguardo de Gendarmería, el pan, techo y abrigo. Tendrán que ganarse su sustento diario con esfuerzo y sudor.
- Legislación y Sistema Judicial
La imagen y legitimidad sobre el accionar del poder judicial entre la población se encuentra deteriorada. Para mejorar su gestión, se proponen tres grandes ideas:
- Creación de una unidad evaluativa superior, que estaría conformada por exintegrantes de la corte Suprema, de menos de 85 años, seleccionando por ejemplo a un número entre 5 a 15, por un sistema de sorteo, los cuales, a su vez, podrán escoger a 1 o 2 ayudantes y en conjunto formarían un Consejo de Justicia, encargado de evaluar el comportamiento de los jueces de Chile. Para ello la Ley y su reglamento determinarán todas las regulaciones de potestad, alcance y procedimentales necesarias. En ningún caso sus evaluaciones podrán modificar los fallos. Solo servirán para determinar el desempeño de los jueces en sus funciones y proponer medidas inapelables que los afecten.
- Endurecer penas sobre determinados delitos: Contra la fuerza pública; Contra la propiedad y los espacios públicos y contra crímenes nuevos como el secuestro de personas. Junto a lo anterior, se propone disminuir al máximo la potestad presidencial para indulto de reos, dejándolo solo para casos de enfermedad terminal o edad avanzada.
- Estudiar en profundidad las legislaciones de otros países que se han aplicado para enfrentar los desafíos de la criminalidad organizada en bandas, mafias y similares, de forma tal que el Estado chileno tenga las herramientas jurídicas para tener éxito y efectividad en esta tarea esencial.
- Violencia en la macrozona sur
Para enfrentar la arremetida terrorista y delictual disfrazada y camuflada con la lucha étnica, la estrategia de los gobiernos ha sido fundamentalmente de carácter defensivo en lo policial-militar y judicial tradicional, presentando querellas “contra los que resulten responsables”. El MCD junto con proponer la ejecución de una estrategia destinada abolir el control territorial de bandas delincuenciales, también propone aplicar lo señalado en el último punto del párrafo anterior, en el sentido de utilizar herramientas jurídicas más efectivas.
- Largo plazo: la familia, la cultura.
En el largo plazo, el fomento de una cultura que respete y promueva a nivel de familia y comunidades un conjunto de valores que fortalezcan la convivencia armónica de los habitantes de nuestra patria. Proponemos los siguientes:
- Máximo respeto por el valor del trabajo honesto para vivir y prosperar;
- El respeto a las personas con quién se convive, aun cuando se tenga ira y enojo con la situación presente;
- El respeto a la propiedad y espacios públicos.
- Aceptación consciente de las leyes vigentes para resguardar los derechos de los ciudadanos, especialmente los más vulnerables.